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6.1. Introducción
C
omo hemos mencionado, el retorno migratorio internacional incluye a aquellas
personas que han regresado de manera voluntaria o involuntaria. Sin embargo,
este aspecto no se distingue en la fuente censal dado que no se pregunta
expresamente sobre esta condición. Es por ello que este capítulo pretende aportar
información para complementar el panorama presentado en los capítulos previos.
En ese sentido, se examina el retorno no voluntario y los cambios experimentados
en la década, mismos que no pueden comprenderse sin poner en contexto los
cambios en la política migratoria estadounidense.
En lo que va de la administración de Barack Obama al frente de la presidencia
de Estados Unidos, de 2009 a 2013, han sido deportados de ese país 3.8 millones de
personas, de las cuales 2.7 millones (71% del total) nacieron en México. Esta última
cifra revela que un promedio de 540 mil mexicanas y mexicanos fueron depor-
tados anualmente en el lapso de esos cinco años (U.S. Department of Homeland
Security, 2014), lo que exhibe los profundos cambios de la política migratoria de
Estados Unidos. A partir de 2002, con la creación del Departamento de Seguridad
Nacional (
Department of Homeland Security
,
DHS
), la Unión Americana impulsó
una serie de cambios en su política en materia de aprehensiones y deportaciones,
que impactaron el patrón migratorio entre los dos países, en particular en la diná-
mica y características de la migración de retorno:
a. Se inició una política de tolerancia cero en la frontera entre México y Estados
Unidos, orientada a desalentar a los migrantes a cruzarla nuevamente una vez
que han sido deportados. Esta política trajo consigo modificaciones importantes
en la dinámica migratoria, entre ellos, cambios en los puntos de cruce fronterizos,
menor circularidad de la migración a favor de un incremento en los tiempos de
estancia en aquel país (una migración más “permanente”), lo cual incidió en
el volumen y composición de los flujos de retorno.
b. Asimismo, se desplegó toda una política encaminada a desincentivar el ingreso
de nuevos migrantes, pero sobre todo el reingreso de migrantes deportados,
reforzando la política de criminalizar al migrante irregular. De igual forma, la
puesta en marcha de diversas sanciones administrativas y sobre todo penales