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El retorno no voluntario y los cambios en la política de Estados Unidos...
Uno de los cambios que más llama la atención es la disminución del predominio
de mexicanos en la población de migrantes aprehendidos. Mientras que en 2000 el
96 por ciento de las aprehensiones era de mexicanos, en 2013 este grupo represen-
tó solo el 64 por ciento. A su vez, los migrantes centroamericanos de Guatemala,
Honduras y El Salvador, que en el año 2000 participaron con el dos por ciento
del total de aprehensiones, para 2013 la cifra se incrementó a 29 por ciento. Este
cambio pudiera estar relacionado no solo con la desaceleración/disminución que
ha presentado la migración mexicana hacia Estados Unidos durante los últimos
años, sino principalmente por el creciente número de aprehensiones realizadas
en el interior del país vecino y no solo en su frontera sur, como mayoritariamente
sucedía hasta antes del 11 de septiembre de 2001, además de un incremento de la
migración centroamericana de tránsito por México.
En el cuadro 6.2 se observa que en 2004 el 92 por ciento de las aprehensiones
fue ejecutado por la
Customs and Border Protection
(
CBP
), que centra su actividad
en la frontera sur del territorio estadounidense. Para el año 2011, esta agencia
gubernamental disminuyó su participación en las aprehensiones al 50 por ciento
del total, mientras que el otro 50 por ciento estuvo a cargo de la
Immigration and
Customs Enforcement
(
ICE
), agencia encargada de aprehender, detener y deportar
inmigrantes irregulares en el interior del país.
Las aprehensiones en el interior de Estados Unidos por parte de la agencia
ICE
efectuadas de manera regular a partir de 2004, han tenido una serie de repercusio-
nes negativas para la población migrante. Contrario a lo que sucede en la frontera
entre ambos países, donde los migrantes son detenidos y devueltos en sus intentos
de cruce, o poco tiempo después de haber cruzado, las aprehensiones al interior
del país involucran a personas con mayor tiempo de estancia en el mismo, presu-
miblemente con mayores vínculos familiares y laborales, incluso muchos de ellos
con familiares (hijos o cónyuges) ciudadanos estadounidenses.
Un estudio reciente publicado por el
Pew Hispanic Center
revela que 62 por
ciento de los 10.4 millones de migrantes irregulares adultos que en 2012 vivían
en Estados Unidos tenía más de diez años de residencia en esa nación; además,
alrededor de cuatro millones de migrantes irregulares –potencialmente deporta-
bles– vivían con hijos que habían nacido en Estados Unidos (Passel
et al.
, 2014).