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El retorno no voluntario y los cambios en la política de Estados Unidos...
En síntesis, la acción ejecutiva del presidente Obama contempla un conjunto
de medidas orientadas a frenar el cruce de migrantes sin documentos por la fron-
tera con México, el muy posible aumento de las aprehensiones y las deportaciones,
y el diferimiento de la deportación para cerca de cinco millones de personas, en
donde claramente la población mexicana será uno de los grupos más beneficiados
(Passel
et al.
, 2014).
Sin embargo, es preciso dejar claro que la obtención de este “alivio migratorio”
no será algo sencillo para los millones de migrantes irregulares, ya que tendrán que
enfrentar controversias como la del juez federal de Texas, Andrew Hanen, quien,
el 16 de febrero de 2015, propuso un fallo que frena temporalmente la ampliación
de la acción diferida para
dreamers
y para los padres de éstos (conocidas como
DACA
y
DAPA
). En su fallo, el juez que instruye la causa por la demanda presentada por
26 estados –24 republicanos y dos demócratas– contra las acciones
DACA
y
DAPA
,
argumenta que de no frenarlas se produciría un “daño irreparable”, hecho por el
cual ha concedido “un mandato judicial temporal” para suspender la aplicación
de las medidas mientras se sustancie el proceso o hasta “una orden ulterior de este
tribunal” (Shear y Preston, 2015).
De manera adicional al panorama que se avecina, la revisión y el análisis efec-
tuado en este capítulo evidencian una situación que caracteriza al escenario actual
de retorno migratorio en México. Constituye un retorno que incorpora una alta
dosis de vulnerabilidad: muchas de las personas que están regresando lo hacen
involuntariamente. En muchos casos, se trata de migrantes que han permanecido
por largos periodos en Estados Unidos (Mestries, 2013; Padilla y Jardón, 2014),
que dejan una historia en el país del norte e incluso (parte de) su familia. Además,
muchos de ellos salen con cargos administrativos o penales, lo cual agrava las con-
secuencias criminales si deciden regresar. La involuntariedad no solo se expresa en
aquellas personas que han sido deportadas, sino que el retorno es forzado por un
cúmulo de factores económicos, sociales, políticos, que incluyen en gran medida
el temor a ser deportado (Mestries, 2013). Así, en cualquier caso, es una pobla-
ción de retorno más vulnerable o ya vulnerada la que intenta (re)insertarse en la
sociedad y en el mercado de trabajo mexicano actual. Tal situación no puede ser
desestimada por el gobierno mexicano si desea que el proceso de integración de
estas personas sea satisfactorio, no solamente para dicha población y sus familias,
sino para la sociedad en su conjunto.